El valor se actualiza pero nada cambia y los impuestos internos siguen generando distorsión, afectando aún más la ya de por sí delicada situación del sector que ya evidencia la falta de stock en los concesionarios con una considerable baja en los patentamientos del mes. De acuerdo a un artículo de la web Ámbito Financiero, el Gobierno prepara una nueva actualización para este tributo, subiendo el piso de $3.770.000 a $4.300.000.
Este valor surge de un ajuste del 13,87% tomando como referencia el aumento acumulado en los precios mayoristas del primer trimestre del año. Para la primera escala, el precio mayorista (salido de fábrica, sin IVA ni comisiones) pasará de $2.648.609 a $3.016.156, lo que se traduce en un precio de venta al público de alrededor de $4.300.000. Esta nueva actualización, la segunda del año, estará vigente hasta agosto, mes en el que será revisada nuevamente.
La medida aún no fue ratificada por el Gobierno, pero se espera que en las próximas semanas sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial. También como era de esperarse, se mantendrá la segunda escala, que en este caso aplica un arancel del 35% a los vehículos cuyo precio de venta actual ronda los $7.960.000 (precio de lista al público).
Tal como señalamos anteriormente, el aumento en la base imponible no representará grandes cambios frente a lo que ya sucede. Con la inflación y el consecuente aumento de precios, ya no quedan 0km de menos de $2.200.000 y, teniendo en cuenta que la primera escala hoy se aplica a partir de $3.770.000, hay varios productos del segmento B y C fijados a ese valor. Por ende, como ocurre desde la implementación de los mal llamados “impuestos al lujo”, muchos productos permanecerán “topeados” en las listas de precios oficiales para evitar este gravamen. Así, este tributo termina perjudicando no sólo a vehículos importados extrazona o del segmento Premium, sino también a modelos de producción nacional como la Volkswagen Taos o la Toyota SW4, mientras que otros como el Chevrolet Cruze o el Peugeot 208 quedan al borde de abonarlo. Quedan exceptuadas las pick ups, al ser consideradas vehículos de trabajo.
Otra consecuencia, que siempre se recomienda denunciar, es que los concesionarios cobran importantes sobreprecios –muy por encima del valor de lista- para asegurar al cliente la entrega de la unidad, más aún en la situación actual en que se encuentran, con falta de stock, especialmente de unidades importadas, incluso de Brasil que, a pesar de ser socio del Mercosur, los vehículos provenientes del país vecino ingresan casi a cuentagotas.
